En las últimas horas el Dr. Ángel Torres Maldonado, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, ha presentado una denuncia por actos de corrupción en contra de miembros del Partido Social Cristiano, quienes presuntamente habrían intentado sobornarlo a cambio de favores políticos.

En lugar de aclarar esta grave denuncia el PSC, a través de su Vicepresidente y candidato a la Prefectura de Los Ríos Johnny Terán intenta descalificar al Juez alegando que pertenece a las filas del Movimiento CREO.

En este sentido nos vemos en la obligación de aclarar que el juez Ángel Torres no pertenece ni tiene relaciones con CREO desde hace más de 6 años cuando fue candidato postulado por nuestro movimiento en el año 2013. Si el PSC estima que el pasado político del Juez Ángel Torres lo descalifica para ejercer su rol de manera independiente, debió haberlo impugnado meses atrás, cuando dicho funcionario fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presidido por el Dr. Julio Cesar Trujillo, cosa que nunca sucedió.

El Movimiento CREO rechaza la intención del PSC de distraer a la ciudadanía de esta grave acusación de presunta corrupción en su contra, la misma que debe ser investigada por las autoridades competentes. La reacción que el PSC ha asumido, lejos de aclarar las dudas, levanta aún más sospechas.

Nuestro Movimiento no ejerce ni ha ejercido jamás influencia alguna sobre el Dr. Ángel Torres o cualquier otro juez ni ha incidido en su designación, práctica común del sistema político del pasado.

Finalmente, si haber postulado como candidato de CREO descalifica la denuncia del juez Torres, la misma consideración debería entonces recaer sobre Johnny Terán quien también postuló como candidato apoyado por el Movimiento CREO en las elecciones del 2013 y con quien, al igual que en el caso del Dr. Ángel Torres, no mantenemos relación alguna ni responsabilidad por sus acciones públicas o privadas.

Esta grave denuncia en contra del PSC no es un tema de tiendas políticas, es un caso de presunta corrupción que debe ser debidamente aclarado por el bien de la institucionalidad.

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