Poco a poco sale a la luz la verdadera Justicia de Alianza País. Según información de Contraloría General publicada por diario Expreso se establece que en las construcciones realizadas durante la emergencia de la Función Judicial hay sobreprecios, contrataciones poco claras y facturas sin sustento.

“Hay problemas que se repiten: se adjudicaron contratos con empresas que no cumplían los requerimientos subidos a la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se invitó al proceso de estudio y diseño a profesionales en calidad de consultores individuales y se permitió la ejecución de rubros nuevos sin la suscripción de contratos complementarios”.

Por ejemplo, en Pichincha se hallaron cinco contratos en el Consejo de la Judicatura que se adjudicaron a empresas que no cumplían los requisitos y que no fueron objetadas. En Guayas en cambio las Unidades Judiciales de Guayaquil costaron $60 millones, el doble de lo planeado.

Todo esto a la vista y paciencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

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