Guillermo Lasso, líder nacional del movimiento CREO, informa a los medios de comunicación, así como a la ciudadanía en general, que los asambleístas de la Alianza CREO-Suma se opondrán al proyecto de ley que, de manera inconstitucional, pretende restringir la participación electoral de ciudadanos opuestos al régimen.

A continuación los motivos:

1. El proyecto es inconstitucional: una ley no puede contradecir la Constitución. Este proyecto impone nuevos requisitos para que un ciudadano sea elegido a cargos públicos que no se encuentran previstos en el artículo 61 la Constitución. Dicha disposición establece claramente el «derecho a elegir y ser elegido», así como el derecho a desempeñar «empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades». La única manera de llevar a cabo un cambio normativo que disminuya derechos de los ecuatorianos, como pretende el proyecto de ley en cuestión, es un cambio constitucional, de acuerdo a lo previsto en la propia Carta Fundamental.

2. Atenta contra el derecho a la seguridad jurídica: la participación electoral de la ciudadanía estaría sujeta a la mera discreción del Servicio de Rentas Internas, órgano bajo obvia injerencia institucional del Gobierno. Ello violaría lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución, que dispone como garantía básica de los ciudadanos «la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes «. Dicha disposición resulta incompatible con un régimen en el cual una entidad, bajo la influencia institucional del Gobierno de turno, pueda disponer libremente quién puede o no ocupar cargos de elección popular.

3. No hace nada para combatir la epidemia de corrupción actual Son los corruptos los que deben estar impedidos para ejercer cargos públicos, no los ciudadanos de bien. El artículo 3.8 de la Constitución estipula como «deber primordial» del Estado ecuatoriano «garantizar a sus habitantes el derecho a vivir… en una sociedad democrática y libre de corrupción «. Los ecuatorianos no deben rendir cuentas a nadie por invertir o ahorrar su dinero bienhabido donde estimen pertinente hacerlo. Son los corruptos quienes deben dar explicaciones y ser castigados por recibir coimas o beneficiarse con dinero público, sin importar dónde coloquen luego esos recursos.

4. El proyecto de ley busca desviar la atención de los problemas de fondo del país: la corrupción galopante y la crisis económica en la que nos encontramos. No nos prestamos para tácticas que buscan confundir a la ciudadanía.

Las leyes deben ser de carácter general, no particular. Los proyectos de ley que son formulados con dedicatoria a una persona son una forma más de persecución, y revelan el afán del régimen por eliminar de la palestra política al único opositor real y firme que les queda, aquel que en las elecciones del pasado 2 de abril obtuvo el respaldo de la mitad de los votantes del Ecuador. Descalificar de la política electoral al más claro contendor de este régimen no es sólo inconstitucional, sino que evidencia la deslealtad de la Revolución Ciudadana con las más nobles aspiraciones de una patria que necesita recuperar el respeto a las más básicas normas de convivencia democrática.

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